Más allá del trámite obligado de declarar la invalidez del ejercicio de revocación de mandato por no haber alcanzado el 40 por ciento de participación de los ciudadanos registrados en el padrón electoral que establece la Ley y por lo cual carece de efectos jurídicos, lo trascendente de lo ocurrido ayer en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que las y los magistrados acordaron también que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue las denuncias que se hicieron por las irregularidades en los trámites para conseguir las firmas, por la violación de la veda electoral y presunto uso de recursos públicos antes y durante este proceso.Como se sabe, el pasado domingo 10 de abril se realizó la primera consulta de revocación de mandato en la historia del país, pero fue más un acto propagandístico que se promovió desde el poder y por el particular interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que una verdadera jornada para inaugurar el uso de esta valiosa figura de participación ciudadana, que debe ser empujada desde la ciudadanía o de la oposición para terminar anticipadamente la gestión de un mal gobierno.Esta condición fue decisiva para que esta primera consulta se anulara por lo desairada que estuvo. Fue el castigo a la simulación que asomó desde el inicio. Participó apenas un 17.7 por ciento de la ciudadanía con credencial de elector, muy lejos del porcentaje mínimo.Como lo mencioné aquí en su momento, esta figura progresista se degeneró desde el inicio al no respetar la no retroactividad de una reforma y utilizarla a conveniencia y cuando su instrumentación se dio plagada de irregularidades (incluida el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar al líder de Morena, Mario Delgado, al secretario de Gobernación, Augusto López, y a mandos militares a promover la consulta por varias entidades).Lo ideal será que el INE no tome la investigación y denuncia de las evidentes irregularidades que hubo en la revocación cuatroteísta como una venganza a las claras intenciones que siempre tuvo el gobierno lópezobradorista de utilizar la consulta para cuestionar y debilitar al órgano electoral, como lo ha hecho de forma sistemática desde el inicio de su sexenio, en busca de un árbitro electoral a modo. Por eso primero les recortaron el presupuesto y luego los acusaron de no colocar las suficientes urnas por querer, según ellos, sabotear el ejercicio y a la “democracia”.Pero más deseable aún es que pese a depender de una Fiscalía General de la República desprestigiada y sin credibilidad, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, se sacuda la etiqueta de morenista e incondicional del Presidente, como también se cataloga a su esposa la ministra de la Corte, Loreta Ortiz Ahlf, y se sancione a quien se tenga que sancionar. Cosa que muchos descartan desde ya. jbarrera4r@gmail.com
