Cada vez aumenta el número de personas que le toman el pelo al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia. La semana pasada, en su habitual artículo en La Jornada, hizo una apología de la soberanía nacional en un abanico de sectores, incluido el laboral. Gómez Urrutia definió bien el concepto de soberanía, aunque habría que preguntarle de quién es la soberanía, porque hasta ahora, las señales son contrarias a la defensa de lo mexicano, abriéndole la puerta a sindicatos estadounidenses para que profundicen su penetración en el sector laboral nacional.Gómez Urrutia estuvo 12 años viviendo en Canadá para evitar que investigaciones penales en su contra lo pusieran en la cárcel. Desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo negociando su regreso, para que no lo detuvieran al pisar suelo mexicano, pero no cuajó nada hasta agosto de 2018, cuando fue investido como senador de Morena, pese a que toda la campaña la siguió desde el extranjero. Regresó cobijado por la victoria de López Obrador en las urnas, y a su investidura asistieron Leo Gerard, presidente internacional de United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, y Len McCluskey, uno de los principales líderes obreros en el Reino Unido e Irlanda, que lo apoyaron todo el auto exilio que se impuso.La protección política de López Obrador le permitió acceder al Senado pese a que tiene ciudadanía canadiense -a la cual tenía que haber renunciado- y, para hacerle honor a Gómez Urrutia, nunca escondió sus vinculaciones internacionales ni antes ni ahora, aunque esto contradiga lo que dice públicamente para endulzar los oídos del Presidente. En la práctica, el senador actúa completamente opuesto a lo que el Presidente pregona regularmente. El audaz líder minero ha ido fortaleciendo la expansión de los sindicatos estadounidenses ante la vista de todos y la tolerancia -o ignorancia- del Presidente.Un punto de partida fundamental fue el 22 de agosto del año pasado, al abrirse el primer centro laboral en México, dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el respaldo del Labor Center de la Universidad de California en Los Ángeles y del Solidarity Center, que depende de la principal central obrera en Estados Unidos, la AFL-CIO, que es la Federación de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, y que en los años de la Guerra Fría fue utilizada como un instrumento de política exterior y de las agencias de inteligencia.López Obrador ha sido muy crítico del intervencionismo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México, pero en este caso ha hecho mutis. Más aún, el Solidarity Center recibe la mayoría de sus fondos del Gobierno de Estados Unidos, al que ha acusado de intervencionista. En 2020, de acuerdo con sus estados financieros, recibió 42 millones de dólares del National Endowment for Democracy (NED), la Agencia para el Desarrollo Internacional y los departamentos de Estado y del Trabajo.El sesgo de variables que tiene López Obrador al sólo ver aquello que refuerza sus creencias, lo mantiene ciego frente a lo que ha hecho el senador minero. En 2020, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, presentó en la mañanera una investigación que revelaba que el NED y la Fundación Ford, habían ayudado a financiar a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que se oponían a la construcción del Tren Maya. La Fundación Ford, junto con Open Society Foundations de George Soros, también subvencionaron el Solidarity Center, otro de sus enemigos declarados. El Presidente ha sido omiso y ha soslayado lo que la AFL-CIO ha hecho desde 2006 contra líderes de países a los que considera amigo y aliados.Un ejemplo es Venezuela, donde la AFL-CIO, a través del Solidarity Center, apoyó el golpe de Estado fallido contra el presidente Hugo Chávez y ha seguido manteniendo el financiamiento contra grupos opositores a Nicolás Maduro, como reveló la revista socialista Jacobin, que se edita en Nueva York. El financiamiento para los grupos opositores a Maduro se duplicó desde 2019, coincidente con la unción de Juan Guaidó como presidente “legítimo” de Venezuela, al cual nunca reconoció México.El Centro Laboral en Querétaro que respaldan un Gobierno y organizaciones que por la definición de López Obrador son enemigos de su régimen -fondean también una parte de los recursos de Mexicanos contra la Corrupción-, busca fortalecer y promover los derechos laborales plenos, la libertad de asociación y organización, que son valores que también ha respaldado López Obrador, y que han beneficiado a los trabajadores con mejoras salariales y laborales, empujadas por el acuerdo norteamericano comercial llamado T-MEC, que le ha generado dolores de cabeza al Gobierno mexicano, porque sus principales actividades son reforzar, vigilar y presentar quejas laborales ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.Desde julio de 2020, cuando entró en vigor, se han presentado seis quejas relacionadas con los contratos colectivos de trabajo, de las cuales cuatro fueron presentadas por la AFL-CIO, y la United Steelworkers junto con el sindicato minero que controla Gómez Urrutia. Las otras fueron presentadas por dos organizaciones que también tienen vinculación con la central estadounidense. El número de quejas podría escalar de una manera escandalosa al concluir el próximo mayo los contratos colectivos de más de 450 mil empresas en el país, que serán revisados por el Centro Laboral.Al Gobierno mexicano le ha ido mal con las demandas laborales, en buena parte porque la negociación en el T-MEC fue muy mal llevada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Se negoció más de lo que se debía, dijo en su momento la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y aunque las quejas impactan positivamente en la clase trabajadora, México ha perdido soberanía y capacidad para decidir autónomamente sus derroteros.Gómez Urrutia, paradójicamente, es la cabeza de esta intromisión de los sindicatos estadounidenses, que cuentan con el respaldo financiero del Gobierno de su país y las fundaciones, tan repudiadas por López Obrador, salvo casos como el del Centro Laboral, desde donde se decidirá la política sectorial.
