México a partir de la terrible crisis de 1982, buscó lograr construir un camino de modernización, primero económica y posteriormente forzados por las circunstancias, una modernización política. A finales del sexenio del presidente López Portillo, descarriló a México con un excesivo control sobre la economía, un enorme gasto público financiado con deuda y más deuda.El resultado fue una terrible caída del PIB, el hundimiento del tipo de cambio que pasó de 46 pesos a 148 y una explosiva inflación que alcanzó los 3 dígitos.El presidente López Portillo cerró su gobierno con la estatización de la banca, es decir, con la compra forzosa de parte del gobierno de todos los bancos privados de México, con el cuento de que eso cortaría la salida de capitales del país y contendría así, la depreciación del peso. El presidente expropió la banca comercial y el peso siguió hundiéndose.De 1982 a 1994, con muchos problemas y no exentos de excesos y escándalos, los gobiernos de México optaron un modelo de modernización económica que requería de una modernización y apertura política. La cúspide de esta apuesta es precisamente la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.Dicho tratado no solo le abría a nuestro país los mercados de las grandes economías del norte, sino que forzaron que México creara algunas de sus instituciones autónomas que le permitirían aspirar a convertirse algún día, en una nación moderna.Así es como se dio la autonomía del Banco de México en 1994, la que ha permitido que nuestro país efectivamente pudiera luchar contra la inflación y pasar así de una tasa de crecimiento de los precios del 187 por ciento en 1987, a una del 4 por ciento.Así también se crearon las instituciones autónomas que hoy se esfuerza por desaparecer el presidente López Obrador. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).Para que una economía se modernice, necesita crear las condiciones para que funcionen los mercados. Y México durante mucho tiempo, sobre todo en los años de dominio del PRI, la mayoría de los sectores estratégicos los mantenía en mercados controlados. Ya fuera para la explotación de las empresas públicas como la CFE o Pemex, o para los empresarios amigos de la Revolución que les tenían condiciones privilegiadas para que explotaran con concesiones y permisos, tal o cual mercado.Al final, al abrir la economía al comercio externo, se nos exigía que el país tuviera mercados funcionales para todos los capitales, nacionales y extranjeros. No solamente buenos para los empresarios consentidos de la Revolución, sino para todos.La creación de estas instituciones entonces servía para garantizar a cualquier inversionista que las decisiones de cómo se regularía tal o cual sector, siempre se tomarían con base en cuestiones técnicas o de maximización del bienestar social. No con base en los amigos o conocidos que tuviera el empresario.Por eso, ahora que tanto López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguran que dichos organismos desaparecerán para “ahorrar dinero” y que sus funciones no se perderán porque serán absorbidas por secretarías de Estado, resulta ridículo.El mensaje para los inversionistas, nacionales y extranjeros será que el proyecto modernizador en lo económico del país que inició en las cenizas de la crisis del 82 se ha terminado. La existencia de mercados más o menos libres ya no está garantizada y la prioridad siempre la tendrán los criterios políticos, antes que los técnicos o económicos.Es por lo que, al inicio del arranque del gobierno de Sheinbaum, de concretarse esta tragedia, bien podemos despedirnos del nearshoring como la palanca que logrará que este país crezca a tasas superiores al mediocre 2 por ciento.¿Qué seguirá después?, ¿el INE, el Banco de México?
