Llevamos 75 días de una “cuarta transformación” proyectada para implementarse al menos durante seis años. El tema de las ganancias lícitas pero excesivas de gentes como los jueces de la Suprema Corte, y de otros muchos funcionarios ha acaparado varias veces la atención de la sociedad, generando igualmente sorpresa cuando se enteran de todos los privilegios que tenían, por ejemplo, los senadores. El asunto de las flotillas aéreas y vehiculares ha sido igualmente sorprendente, nos alerta sobre todo lo que puede hacer un gobierno a espaldas de la confiada ciudadanía. Persiste el temor y la molestia acerca del destino de ventas y ahorros, pues pueden acabar diluidos en un nuevo programa de asistencialismo escasamente productivo y ajeno a todo verdadero control de manejos y resultados.Pero no todo se reduce a la supresión de prebendas, prestaciones y abuso salarial, persisten otras prácticas de la clase gobernante que desde luego conoce bastante bien la autoridad federal y estatal, por más que no sepamos si serán igualmente erradicadas. Me refiero en específico a la inveterada costumbre de pedir porcentajes a cambio de bajar recursos federales en favor de tales o cuales programas.En efecto, existen numerosos programas en la Federación que tienen por objeto apoyar con recursos diversas actividades agropecuarias, industriales, de medianas o pequeñas empresas, pero quienes tienen la iniciativa no conocen los medios para poder calificar y alcanzar este tipo de apoyos, es ahí donde entran los “facilitadores”, “mediadores”, o simplemente “coyotes” que ofrecen sus servicios a cambio de recibir un porcentaje del dinero bajado, porcentaje que en ocasiones llega hasta el 50% de la suma obtenida para un proyecto. Cierto que el beneficiario se contenta, puesto que no tenía nada, y de esta suerte buena parte de la riqueza de la nación destinada a esta gente que sí trabaja, acaba en manos de los “mediadores”.Todavía más lamentable y típico de la corrupción política es cuando los “coyotes” de a pie, ofrecen parte de su beneficio nada menos que a los señores diputados, senadores o funcionarios de alto nivel, quienes por su puesto tienen el poder de cerrar o abrir las fuentes del recurso. Incluso existen casos en que los propios legisladores, prescindiendo de cualquier otro mediador, son los que actúan e imponen su porcentaje, a lo que coloquialmente se le llama “moche”.Poco les preocupa a estos funcionarios que les rebajen el sueldo con motivo de la “austeridad republicana”, ya los pusieron donde hay, ya les dieron su curul, con eso tienen y les sobra. Lo que sigue es esperar y hasta ofrecer sus servicios a todo ese mundo de gente que aspira a obtener recursos federales con una legítima causa aunque deban someterse a una ilegítima vía.Es muy complicado luchar contra la corrupción cuando un tan crecido número de ciudadanos forma parte de ella, la justifica, la defiende, y la aprovecha. De momento el señor Presidente perdona o no persigue a muchas de estas personas bajo la excusa de que roban por falta de oportunidades, pero ¿aplica para los funcionarios del gobierno? armando.gon@univa.mx
