Claudia Sheinbaum llega al poder con una inmensa legitimidad democrática. Eso le da una gran capacidad de maniobra y garantiza márgenes importantes para tomar decisiones que podrían, varias de ellas, ser de alta complejidad. Tiene además un mayor número de gobernadores y gobernadoras aliadas; y tendrá enfrente una oposición fracturada y mucho más débil que la que tenía López Obrador en 2018.Por si fuera poco, tendrá una mayoría legislativa que no se había visto desde la década de los 80 en el país. Adicionalmente, tendrá a la mano una nueva y poderosa estructura comunicacional, que fue cimentada por la actual administración y que le permite contar con sus propias vías de emisión, posicionamiento y amplificación de los mensajes.Todo lo anterior no es menor, pero frente a ello, las restricciones tanto internas como externas son enormes. En primer lugar, se encuentra la cuestión de la inseguridad y la violencia en el país, lo que exige una serie de reflexiones para modificar la estrategia tanto de combate a la criminalidad organizada como de la delincuencia común, respecto de la cual, en muchas ocasiones, no queda claro cuál es la línea que divide ambas modalidades. Aunado a ello se encuentra el problema estructural relativo a cómo recuperar los territorios que hoy están controlados por el crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo revertir eventos como los ocurridos en Chiapas, donde es la autoridad la que acompaña a las poblaciones para sacarlas de sus territorios?En segundo lugar, tenemos el problema estructural de una economía que lleva 40 años sin crecer; si se toma en cuenta el ciclo de estancamiento secular, como le ha llamado Rolando Cordera, y que inició en 1982, estamos ante uno de los periodos más largos de desempeño mediocre de la economía mexicana; y aún con ello, nos encontramos entre las primeras 20, en tamaño, en el planeta.Ello conduce a una tercera cuestión, y es la de los llamados “contrapesos económicos”, que se resumen en los procesos de globalización y liberalización económica en diferentes bloques económicos y de países; y la realidad concreta de nuestra integración con Estados Unidos y Canadá. En ello no debemos equivocarnos, porque nuestra economía está controlada, en esas dimensiones, por unas cuantas empresas. El diagnóstico de OXFAM es contundente en ese sentido: 14 personas controlan casi la quinta parte de la economía nacional. De tal forma que “los límites del mercado” tienen nombre y apellido y habrá qué ver cómo se relaciona la presidencia con esos poderes, sobre todo considerando que sus fortunas se incrementaron de manera notable en los últimos seis años.Otro factor restrictivo es la realidad de una república fragmentada; es decir, un país donde los gobiernos estatales se han convertido en “feudos”, los cuales, se regresa aquí al primer tema, están al menos amenazados por los poderosos grupos criminales que operan en el país; y en muchos casos, incluso han sido penetrados pues, no debe olvidarse, ha habido no sólo altos funcionarios procesados por vínculos con la delincuencia, sino una gran cantidad de ex gobernadores que han pisado la cárcel en los Estados Unidos por sus vínculos delincuenciales.Otro factor que no puede soslayarse es el relativo a la crisis climática y la insuficiente y tardía acción que ha tenido nuestro país en esa materia. Lo ocurrido en Acapulco con el impacto del huracán Otis; pero también la intensa sequía y la catástrofe hídrica y lacustre que estamos enfrentando en diferentes regiones, impone severos retos porque el impacto económico y social de esos temas es de la mayor relevancia y, de continuar así, podría generar una crisis social sin precedentes en el país.La presidenta electa deberá ser, en ese sentido, altamente asertiva en sus decisiones; comenzando por quiénes decidirá que la acompañen en la responsabilidad de gobernar, y con base en ello, en el rediseño del gobierno y en la construcción de una nueva generación de políticas que lleven a México a convertirse en el país de bienestar generalizado que todas y todos anhelamos y merecemos.
