Hace años, un familiar entró en una disputa por una pensión alimenticia y la custodia de un menor tras una separación. Desde entonces han ocurrido tres cosas.1) El infante pronto será mayor de edad 2) Seguimos sin comprender el estatus del caso 3) El asunto sigue sin resolverse (aún recuerdo el intenso tufo a perfume del abogado al que le entregamos 20 mil pesos y jamás movió un ápice el asunto).Mi familiar, lo digo como juez y parte, es víctima de una injusticia que no viene al caso debatir. Pero la contraparte seguro tiene sus propias quejas. Si alguien ha pasado por un pleito en un juzgado familiar de Jalisco –pocos salen de ahí– sabe a qué me refiero.Este largo preámbulo sólo es para hablar de lo que denomino “justicia sin fin”; es decir, justicia sin final y sin propósito.Hace poco escribí la columna titulada “La mujer que acampa en Casa Jalisco”, en donde compartí la historia de Lisi Celis, que acusa violencia vicaria.Posteriormente sostuve dos conversaciones con Diego Romo, su ex pareja; y Marcelo Romo, su hijo ahora mayor de edad. Mi ética como periodista me obliga a escuchar todas las versiones de una historia.Ambos plantean hechos, razones y argumentos muy contrarios a la versión de Lisi Celis (como seguramente ocurre con la contraparte en el caso de mi familiar).Hay dos posturas. Dos realidades. Dos maneras de ver un caso de forma que para cada uno resulta “evidente”. ¿Qué hacer? Recurrir a los tribunales para que resuelvan quién tiene la razón, al menos jurídica.Pero ahí comienza el verdadero problema.No se trata de convertirnos en jueces de un caso particular sino de entender las razones estructurales que nos convierten, a ti y a mí, en potenciales repetidores de esa historia. Así el tema se convierte en un problema de orden público.Hay una coincidencia en el reclamo de ambas partes: la justicia familiar es lenta, incomprensible y corrupta.En 2023 ingresaron a los juzgados familiares de Jalisco 132 mil asuntos, pero sólo se resolvió uno de cada cuatro. Son los tribunales más rezagados.Después de siete años, en el caso Celis/Romo, como en el de miles, no hay un fallo definitivo, y uno de los dos niños ya es mayor de edad, cuando la justicia debería ser expedita para proteger los derechos de la niñez.Sin una resolución de fondo y cada vez con más recursos, apelaciones, citaciones, escuchas, peritajes, instancias y papeleo burocrático, se torna imposible deshacer la maraña legal.Los abogados dicen que un juicio familiar puede durar toda la vida porque siempre hay un hecho nuevo que puede alargarlo.Por si fuera poco, todo esto se envuelve en el odioso “abogañol”, un idioma inventado para tornar la justicia más inaccesible.Hay “recusaciones”, “sobreseimientos”, “pruebas supervenientes”, “oferentes”, “coaligados”, toda una lengua maligna que sólo esconde la “técnica jurídica” del engaño, el timo y el lucro del sistema y de los abogados particulares.Todo esto viene envuelto en varias capas de corrupción, influyentismo y política. Tenemos así un sistema de justicia en materia familiar apabullante con quienes buscan justicia y violatorio de los derechos de la niñez. Su ineficiencia no distingue clases sociales ni entre hombres y mujeres (en eso sí es igualitario).¿A quién sirve la justicia? Lo resumió muy bien Marcelo Romo, un joven de 19 años víctima desde niño de este infame aparato: “El sistema jurídico se beneficia de los problemas, igual que un doctor de la enfermedad”.
