¿Puede Iker Frangie conocer de posibles violaciones ambientales cometidas por el Ayuntamiento de Zapopan en donde gobierna su padre, el alcalde Juan José Frangie?El gobernador Pablo Lemus designó al hijo de su aliado y amigo, el alcalde zapopano, como titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Jalisco (Proepa).Ocupar puestos del gabinete con base en cuotas políticas y compadrazgos es una tradición en esta y en todas las gestiones pasadas. Poco debería sorprendernos la aplicación de esta “norma” general. Más bien hay que atender la particularidad del caso.El asunto de Iker Frangie tiene al menos tres diferenciadores. Primero, ser hijo de quien es. Digamos que este es el plano, tristemente, más ordinario en las costumbres políticas de nuestro país.Desde el hijo del ex presidente que se queda como alto funcionario del partido hasta el hijo del alcalde que consigue un puesto como alto funcionario estatal. Todo queda en familia.Un segundo aspecto conflictivo son las atribuciones de Iker Frangie como procurador estatal de medio ambiente cuando se trate de Zapopan.La Proepa se encarga de la inspección y vigilancia para preservar el equilibrio ecológico en zonas de competencia estatal.Según el artículo 28 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Proepa evalúa el impacto ambiental de obras, acciones urbanísticas o desarrollos inmobiliarios en zonas intermunicipales o áreas naturales protegidas de carácter estatal.En otras palabras, esta dependencia es clave en la preservación de nuestros bosques y áreas naturales ante el crecimiento ilegal de la mancha urbana, como ha ocurrido en el Bosque La Primavera o El Nixticuil, ambos en territorio zapopano.En tercer lugar están los señalamientos a Iker Frangie por falta de experiencia en derecho ambiental. Por un lado, Lemus asegura que la tiene; por el otro, el currículum y despacho de abogados en el LinkedIn del procurador destaca credenciales en derecho corporativo, laboral e inmobiliario.Estos supuestos, nepotismo, conflicto de interés y falta de experiencia en materia ambiental, no garantizan su fracaso como tampoco su experiencia en la consejería jurídica asegura su éxito, pero sí le regala dudas a colectivos y activistas acerca de su imparcialidad como procurador.Hay que subrayar que ningún apartado en la ley impide el nombramiento. Su legalidad es indiscutible. Lo que se cuestiona es su moralidad.Vuelvo a la pregunta inicial. Tú, querido lector y lectora, estoy seguro que tienes la respuesta.
