Se conoce como Guerra Sucia al periodo ocurrido desde fines de la década de 1960 hasta mediados de la de 1980 periodo durante el cual el Estado mexicano utilizó un repertorio de violencias en contra de sujetos y organizaciones que consideraba un peligro para la estabilidad del sistema y, por lo tanto, los combatió por todos los medios, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Gracias a los valientes testimonios de las víctimas, sus familias y organizaciones de solidaridad, los casos de represión y distintas violencias estatales siempre estuvieron en la memoria popular y colectiva.Ahora todas estas violencias estatales quedan expuestas, además, en documentos públicos gracias a los informes que se han presentado bajo el mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (Covej) creada por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021.Uno de los instrumentos de la Covej fue el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) y como parte de este mecanismo fue la investigación que sus integrantes llevaron a cabo sobre los hechos represivos ocurridos en México entre 1965 y 1990. Tres integrantes del MEH, David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart, presentaron el pasado 16 de agosto el informe “Fue el Estado”, compuesto de nueve volúmenes.Por su parte, la doctora Eugenia Allier Montaño presentó el pasado 10 de octubre su informe final “Verdades innegables. Por un México sin impunidad”. En este extenso informe de dos mil cuartillas, se describe específicamente la violencia que el Estado mexicano utilizó para reprimir al movimiento sindical, estudiantil, las organizaciones político-militares (OPM), y redes de apoyo en defensa de los derechos humanos.En el informe de la doctora Allier Montaño se establece con claridad que las distintas violencias estatales no fueron excepciones, sino la norma de un Estado represivo y autoritario. En sus conclusiones generales, establece que “entre 1965 y 1990, el Estado mexicano desplegó una violencia de carácter contrainsurgente, es decir, un conjunto de políticas, programas y acciones que tuvieron como objetivo la represión y el aniquilamiento de personas y organizaciones que actuaban políticamente en oposición al régimen o en abierta disidencia. Para ello, el Estado contó con un sistema represivo coordinado desde las instancias centrales del poder, en el que participaron instituciones y actores de carácter militar y civil que durante los procesos de ejecución cometieron, de manera general y sistemática, múltiples Violaciones Graves a los Derechos Humanos”.Lamentablemente en este documento de memoria histórica, Jalisco es escenario de varios episodios de estas violencias estatales. En el informe se recuerda que además de los vuelos de la muerte ocurridos en la base aérea de Pie de la Cuesta, Acapulco, en el lago de Chapala también surcaron los vuelos de la muerte, según el testimonio del general José Francisco Gallardo Rodríguez quien aseguró que en 1971 una veintena de jóvenes detenidos por elementos de la 15va Zona Militar fueron lanzados al lago desde un avión de la Fuerza Aérea que despegó de la Base Aérea Militar de Zapopan.En el informe “Verdades innegables” se recuerda un episodio de represión contra estudiantes y profesores de la Escuela Preparatoria de Autlán, en mayo de 1974, solo por proponer recordar la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Se recuerda también la base de informantes políticos que constituyó el general Federico Amaya Rodríguez a su llegada a la comandancia de la 15/a Zona Militar en marzo de 1972.El grueso de los episodios de represión y violencia estatal en Jalisco fue el combate del Estado mexicano en contra de los grupos políticos armados que operaron en el estado. La Unión del Pueblo (UP), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) y la Liga Comunista 23 de Septiembre.Como parte de estos hechos represivos se recuerdan las detenciones y desaparición de al menos nueve personas acusadas de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre, a quienes se detuvo entre febrero y abril de 1977 en la colonia El Zapote, de Zapopan. Son muestras, dice el informe de la doctora Allier, de “los aspectos centrales de la estrategia contrainsurgente instrumentada por el Estado mexicano”. Una estrategia que conllevó penurias y muerte para miles de mexicanos y que para que no vuelva a repetirse, debe identificarse y castigarse a sus perpetradores. Sólo así llegará la verdad y la justicia para todas las víctimas.
