A los 11 días de gobierno de la nueva administración estatal que encabeza el gobernador Pablo Lemus se sumó una nueva acción, que como ha pasado en otras materias como en las desapariciones, ahora lo deslinda de la política penitenciaria que mantuvo el gobierno de Enrique Alfaro, con José Antonio Pérez Juárez como titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPyRS) a lo largo de todo su sexenio. El antecesor de Lemus decidió su permanencia en ese puesto toda su administración pese al señalamiento de presuntas irregularidades, entre las que destaca la excarcelación de presas del reclusorio femenil para trasladarlas a “actividades sociales” con reos hombres privados de su libertad en los otros tres reclusorios varoniles que forman parte del núcleo penitenciario de Puente Grande. Este caso, ocurrido en marzo de 2020, a 15 meses de iniciado el gobierno alfarista, quedó documentado en una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en julio de 2021.Además de relevar a Pérez Juárez en el cargo el pasado 6 de diciembre y nombrar como nuevo responsable de la DGPyRS a Antonio López, el martes pasado vino un muy importante golpe de timón al realizar un operativo de supervisión sorpresa, celda por celda, en los tres reclusorios varoniles referidos: el Preventivo, el Metropolitano y el de Sentenciados.Una incursión así, sorpresiva y de madrugada, no ocurrió en los últimos seis años, en los que a juzgar por lo encontrado en estas tres cárceles, se dejaba entrar de todo, pese a su prohibición legal.En el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, en el que participaron 700 elementos de la Policía estatal y custodios, confiscaron entre otros objetos violatorios del reglamento interno: 50 celulares, más de 130 armas punzocortantes entre navajas, tijeras y puntas; un marro, una segueta, una cubeta con doble fondo para producir bebidas embriagantes, al menos 500 dosis de mariguana, cocaína, pastillas psicotrópicas, cristal; pipas, y hasta dos armas cortas. Habían pasado seis años y siete meses de que no había un registro del tipo entre estas comunidades carcelarias de Puente Grande. En mayo de 2017 había sido la última en el reclusorio preventivo; en el 2016 hubo otro operativo en el de sentenciados y en el 2015 también en el preventivo encabezados por la Fiscalía estatal que dirigía Eduardo Almaguer, en el sexenio del finado Aristóteles Sandoval. Sin duda el operativo del martes da signos alentadores. Lo que debe de continuar es hacer un diagnóstico del grado de control que tiene el autogobierno delincuencial en estas cárceles y si se han superado o no las condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad, porque combatir la inseguridad y la violencia en la ciudad y en el Estado pasa por el hecho de que las autoridades recuperen el control de las prisiones.jbarrera4r@gmail.com
