Un preso por el delito de robo espera sentencia desde hace 25 años en el penal de Puente Grande, Jalisco. Es el recluso con más años en prisión preventiva dentro del complejo estatal. No sé su nombre. Ni su edad. Su caso es parte de una fría estadística. Llegué a él (asumo que es un varón; el 95% de los presos en México lo son) tras preguntarme qué es peor que una injusticia: una injusticia en el limbo. El artículo 20 de nuestra Carta Magna dice que nadie debe estar en prisión más de dos años sin sentencia, “salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”. Caso contrario debe quedar en inmediata libertad. El tiempo sin condena tampoco puede superar la pena máxima del delito por el que alguien es acusado (la sanción máxima por robo son 18 años). No es el único caso. En las cárceles de Jalisco hay mil 937 reclusos con más de dos años sin sentencia, según datos que me entregó vía transparencia la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Más de una tercera parte están encarcelados por el delito de robo (35%). De hecho, el segundo recluso con más tiempo en prisión sin sentencia también es por hurto: 22 años. El resto de los presos con más de dos años sin sentencia están por homicidio (21%), secuestro (9%), abuso sexual infantil (6%), desaparición forzada (5%), entre otros. Hay decenas con 5, 10, 15 y 20 años encarcelados sin ser enjuiciados.En la jerga burocrática se llaman justiciables. Son aquellos sujetos que deben someterse a un juicio. Pero, ¿si ese juicio nunca llega? Hace poco nos escandalizó el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, presos sin sentencia durante 17 años, acusados del homicidio de una regidora en el Estado de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por este caso y lo sentenció para revertir la prisión preventiva. Los medios nacionales lo llamaron “el juicio más largo de la historia” como si fuera una excepción. Pero es una regla en Jalisco y, sin duda, en otras entidades.Muchos de estos presos podrían interponer un amparo para quedar libres. Pero eso implica dinero y un abogado. Para muchos, la balanza de la justicia es una calculadora de sumas y saldos. En el país, casi cuatro de cada 10 personas en una cárcel carece de sentencia, y la mayoría están en penales estatales (Inegi). Ahora que las y los diputados discutirán la reforma al poder judicial, me pregunto si sus foros, sus parlamentos abiertos y sus nuevas normas cambiarán esta realidad en los poderes judiciales locales, implacables máquinas burocráticas de injusticias. El espíritu de la ley siempre es un ideal. La tarea de las instituciones es acercar la realidad a ese ideal. Pero en este caso logramos la mayor distancia posible entre lo expresado y lo realizado. Igual que quien corre una carrera a toda velocidad en la dirección contraria. jonathan.lomeli@informador.com.mx
