La solución de los conflictos que se presentan en la sociedad es fundamental para fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas. Los tribunales tienen la responsabilidad de brindar este servicio, cuya demanda crece en dimensión y exigencia social. Nunca habíamos tenido tantos tribunales y nunca habían sido tan insuficientes. Cuando más tenemos es cuando más necesitamos y la opinión pública percibe denegación o deficiencia del servicio, activándose el desprestigio que socava la confianza. Este hecho es grave, aunque no es nuevo. William Shakespeare puso en boca de Hamlet en tono de tragedia, cuando se cuestionaba, “¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno…?”. Los hombres soportan las soluciones de la justicia sabiendo que son imperfectas y, quizá por ello, hay siempre un grado de inconformidad sobre cada decisión. En México ahora mismo vivimos una crisis de la justicia en dos ámbitos: primero, en la insuficiencia del servicio, provocada por la falta de elementos humanos y materiales que desde hace muchos años sufre el aparato judicial. Esa insuficiencia se muestra en el enorme rezago, la tardanza y la precariedad en que trabajan sobre todo los tribunales locales. Los presupuestos han sido históricamente marginales debido al sometimiento de hecho que han soportado las tareas judiciales a los designios de Presidentes y gobernadores; y porque la justicia nunca ha sido una prioridad en la agenda pública. Ahora, la violenta, terca e impredecible realidad se impone y ha convertido el tema en una exigencia social, expresada en temas puntuales como los desaparecidos, los conflictos agrarios, laborales o comerciales que inundan las pantallas de información y por supuesto los tribunales.En segundo lugar la crisis se acentúa por el formalismo, la falta de alcances y la manera de proceder en la actividad legal, en todos sus aspectos, en una etapa de profunda transformación que genera polémica y resistencias. La evolución en materia penal, civil y laboral ha sido opaca, lenta, tortuosa y pareciera que para muchos es una simple simulación. Sin embrago, en las condiciones actuales, es imprescindible el fortalecimiento efectivo de la suficiencia y el alcance del servicio de justicia para detener el deterioro institucional. Resulta aún más importante si consideramos las presiones, infiltraciones y acciones que grupos de la delincuencia organizada llevan a cabo en torno al ámbito de la seguridad y la justicia, con todas sus trágicas consecuencias.Otra parte del problema se genera por la forma como abogados, jueces y todos los operadores jurídicos asumen que la clave de la calidad del derecho está en lo que dicen las normas, dejando de lado lo que realmente sucede cuando se aplican. La esencia de la justicia está precisamente en la forma como todos nos ajustamos a la legalidad y en la manera como las autoridades interpretan y aplican la ley para resolver los conflictos. Elsa visión formalista ha provocado en los hechos denegación de justicia, elevados costos, baja calidad en las resoluciones y conformismo hacia el futuro. Es tiempo de actuar para detener estas fuerzas inerciales. En las condiciones actuales, el fortalecimiento de los aparatos de justicia es condición necesaria para fortalecer el estado de derecho, quizá el mayor de los retos a los que se enfrenta hoy la Patria. Siempre ha sido importante la necesidad de contar con una política de estado en materia de justicia y seguridad jurídica, pero ahora se ha vuelto además urgente. El círculo vicioso del descrédito, la desconfianza y la debilidad institucional amenaza con provocar mayor deterioro de la legitimidad democrática. Por eso, habrá que seguir respaldando los esfuerzos por contar con una mejor justicia, a pesar de que resuenen las quejas de Hamlet.luisernestosalomon@gmail.com
