Estamos a menos de dos semanas de que inicien las nuevas administraciones municipales en Jalisco, pero continúa un fuerte rezago en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación.Para que se den una idea, tan sólo Movimiento Ciudadano tiene impugnadas las elecciones en 14 Ayuntamientos. Y como tercero interesado hay juicios en 21 alcaldías.Entre las elecciones impugnadas por los naranjas destacan Tlaquepaque, Tepatitlán, Autlán de Navarro, Mazamitla y Zapotlán El Grande. ¿Qué tal?Por su parte, en el PRI nos dicen que hay impugnaciones en cinco localidades como Magdalena, Autlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, San María de los Ángeles y, sobre todo, en Yahualica.El problema es que las resoluciones de la Sala Guadalajara podrían ser impugnadas por los perdedores, quienes tienen una última instancia: la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.* * *Los equipos de los candidatos y las candidatas que están involucrados en esos juicios nos cuentan que el retraso en las resoluciones del Tribunal provocan dos problemas: que en algunos municipios los Gobiernos salientes no estén cumpliendo al 100% con la entrega-recepción y, por otra parte, que todavía no se definan todos los nombres que conformarán los gabinetes entrantes.El temor de los afectados es que los magistrados federales dejen hasta el último momento las resoluciones.¿Recuerdan el caso de Tlaquepaque en la elección del 2021? El 30 de septiembre de aquel año, la Sala Superior anuló la elección de la Villa Alfarera, tan sólo un día antes de que Citlalli Amaya rindiera protesta como presidenta municipal.El resto de la historia ya se conoce.* * *En lo que los Ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá definen si continúan con las concesiones con Caabsa, trabajadores en la Cuna Alfarera demandan que el municipio los contrate en abril próximo, cuando vence el contrato con la empresa recolectora de basura.Nos cuentan que Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, exige al Ayuntamiento que los contrate porque “son empleados municipales”. Pero la petición provocó el enojo del alcalde Sergio Chávez, quien criticó que el líder sindical trate de confundir a la gente con argumentos “pueriles” para endilgar al Ayuntamiento las obligaciones de la empresa. Por lo pronto, todo indica que los abogados de todas las partes tendrán mucho trabajo.
