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El juego político detrás de la tragedia en Teuchitlán
El juego político detrás de la tragedia en Teuchitlán
Si el horrible hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán se ha politizado como lo está actualmente es porque los políticos se han colgado de la agenda de seguridad durante décadas para garantizar que con, ellos al mando, su territorio será un paraíso.
Y cuando su promesa falla, porque la realidad se ha de imponer, entonces el mismo político o política que politizó la inseguridad va a arrojar culpas hacia atrás. “No inició conmigo”. “Lo provocaron los de antes”. “Se matan entre ellos”. “Abrazos, no balazos”.
No son los colectivos. Son ellos mismos quienes han hecho de la tragedia que vive en México un espectáculo político.
El más reciente de estos aciagos escenarios lo protagonizan dos dependencias que deben operar para la procuración de justicia: las fiscalías de Jalisco y la General de la República. Alejandro Gertz Manero prácticamente había desaparecido de la escena pública desde la segunda mitad del obradorato y ahora volvió para dejar en claro que sabe seguir órdenes.
Por supuesto que la tragedia del Rancho Izaguirre es enorme, y las historias de horror que se vivieron ahí deben estar fuera de toda proporción lógica y humana. Pero desde que salió por primera vez a tocar el tema, el abordaje que hizo Gertz Manero fue así: político.
Tan político que, desde el arranque, el balón se arrojó al Estado y al municipio. Jamás a la Federación.
Luego, cuando abordó la larga lista de omisiones (ni huellas digitales tomaron y hasta les robaron tres autos que habían sido “asegurados”), nunca tocó a quien era el jefe de la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, Víctor Manuel Guajardo. Mucho menos a gente de alto perfil en el organigrama actual del Gobierno federal como Rosa Icela Rodríguez, en ese entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (hoy titular de la Segob) o al comandante de la Guardia Nacional –que atendió el hecho en septiembre de 2024–, David Córdova.
Al omitir deliberadamente esos nombres, Gertz Manero tambaleó su propia narrativa. ¿Entonces la omisión sólo estuvo en Jalisco? ¿Únicamente hubo negligencias en la administración de Enrique Alfaro y en la del tres veces alcalde José Ascención Murguía Santiago? Entonces, la omisión es selectiva. Del Estado para abajo. La Federación es impoluta. Pristina y cuatrotransformadora.
Sin dar nombres, las estocadas que ha dado el habilidoso titular de la FGR están dirigidas al ex fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez; al ex coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben; a la fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo. Y sí: al ex gobernador Enrique Alfaro.
Por supuesto que todas las partes que puedan requerirse para dilucidar qué exactamente ocurrió en la finca del horror deberán ser citadas y dar la cara para responder por la responsabilidad que asumieron. Pero cuando el Ministerio Público de mayor rango en el país traza una línea entre a quiénes les toca y a quiénes no, convierte la tragedia humanitaria de Teuchitlán en una herramienta de golpeteo político.
Y ahí es donde entra el factor Pablo Lemus, quien, contrario a su predecesor, ha ordenado a sus áreas de seguridad que sean éstas las que saquen del atolladero el nombre de Jalisco, que otra vez ocupa espacios en noticiarios y periódicos de escala global por la crisis de desaparición y violencia que otros quisieron ocultar bajo el tapete.
Lemus es un gobernador mediático. Disfruta como pocos que se hable de él. Ha mostrado respeto a quienes se dedican a informar y, hasta ahora, eso se ha traducido en una evidente luna de miel.
Pero, ante una coyuntura complicada como la actual, es necesario tomar decisiones. Y ahora ha decidido usar cualquier foro público (incluso el último informe de actividades del rector de la UdeG) para dejar en claro que “él no se lava las manos” –una frase que también va dirigida– y que esta vez nada se va a ocultar.
Las desapariciones existen, dice. Jalisco vive momentos muy complicados, asegura. Esa es la principal tragedia de este país, reconoce. No hay ningún gobierno que escape, sostiene. Aquí no hay carpetazos, garantiza.
En las campañas, llevar la dirección de Jalisco sonaba fabuloso. Ahora, como el tomador de decisiones de una de las Entidades más violentas en México, compite con profesionales. Gertz Manero es uno de ellos y, cuando éste no reconoce omisiones de funcionarios federales, el titular de la FGR deja en claro que su autonomía es de ornato. Él juega del lado de Sheinbaum.
Una de las herencias discursivas de Jalisco es la del no me toca. Hoy, lo que sí toca es que eso cambie, que Pablo Lemus salga al trote, llame a cuentas a quien tenga que llamar y, si quiere mantener la gobernabilidad que su predecesor perdió cuando reconoció que su Fiscalía estaba infiltrada, es indispensable que haga valer su cargo, encare al dragón y se sacuda la ceniza.
Porque hoy, Enrique Alfaro y sus protegidos, todos ellos profesionales en la politización de la tragedia, son quienes le hacen daño.
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