La Fundación Heinrich Böll en México presentó en 2018 un texto titulado “El carbón rojo de Coahuila”; en él presenta un conjunto de testimonios, reflexiones y reclamos de los familiares de las víctimas que perdieron la vida en Pasta de Conchos en el año 2006. En sus conclusiones, puede leerse:“Después de doce años de trabajo, podemos empezar a dar cuenta de lo que vemos desde esta ventana, o como nos dijo María Inés cuando nos contó lo que habían sufrido ella y su familia, después de la explosión de la Mina de Guadalupe: No hubo nadie que nos ayudara, al menos está bien que alguien cuente nuestra historia”.Quizá esa sea la más dolorosa y dura de las lecciones que se sintetizan en este texto: la población, sobre todo la más pobre, la más marginada, los olvidados de siempre, no tienen quién les ayude. Claman por justicia, pero lo más dramático es que no hay un “ante quién hacerlo” cuando están solos ante los abusos del poder.La nueva tragedia de Sabinas, Coahuila, revive la tragedia de la región carbonífera de esa región del norte del país. Porque lo ocurrido en Pasta de Conchos no fue un accidente en sentido estricto: fue producto del abuso y de las condiciones de explotación e inseguridad y riesgo laboral sin protección apropiada que se vive en toda esa región.De manera frustrante, lo de Sabinas parece ser lo mismo: explotación, bajos salarios, inseguridad y riesgos innecesarios en las condiciones de trabajo, que muy probablemente ha costado ya la vida de estas diez personas y, con ello, la tragedia, desesperación y tristeza que viven sus familias. Y en esto ha habido omisiones no sólo del gobierno de la República, sino también del gobierno estatal y de los dos poderosos senadores de Morena que tienen presencia emblemática en la región: Napoleón Gómez Urrutia y Armando Guadiana.Cuando ocurrió lo de Pasta de Conchos, se perdió la oportunidad de generar en nuestro país una reflexión seria respecto del trabajo digno. También ser perdió cuando se evidenciaron las terribles condiciones de explotación laboral y trata de personas en San Quintín.Ahora, frente a esta nueva tragedia, la administración federal no puede ser omisa en iniciar una revisión profunda sobre cómo transitar hacia un mercado de trabajo que garantice condiciones dignas, en los términos que lo plantea la Organización Internacional del Trabajo.Debe reconocerse que el Gobierno del Presidente López Obrador dio un paso importante, al elevar los salarios mínimos y demostrar que esa medida no tendría efectos inflacionarios. Empero, siendo condición necesaria para el trabajo digno, no es suficiente, porque hace falta avanzar hacia otros rubros igualmente sustantivos, entre ellos tres.En primer lugar, el acceso a seguridad social y prestaciones sociales. Según los datos del Inegi, casi seis de cada diez personas que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad laboral. En segundo lugar, se encuentran las condiciones de explotación y alto riesgo, sin supervisión del Estado; y en esto la estrategia del Gobierno de la República es corresponsable, porque debe recordarse que al inicio del gobierno se tomó la decisión de no hacer más inspecciones laborales.Y, en tercer lugar, es urgente recuperar la agenda del trabajo y la explotación infantil y asumir que el gobierno ha hecho casi nada en esta administración para atemperar y para erradicarlo, tal y como se estipula en el Convenio 182 y sus Protocolos, los cuales están ratificados por el Estado mexicano.El reclamo de las familias de las personas atrapadas ha sido duro para el titular del Ejecutivo. Su respuesta ha sido que tiene la conciencia tranquila; sin embargo, más allá de sus parámetros éticos, lo cierto es que tiene una responsabilidad constitucional ineludible en las agendas señaladas, y sería un despropósito no asumirlas porque no es legítimo, desde ninguna perspectiva, que la población se encuentre efectivamente no sólo desprotegida, sino, ante todo, indefensa ante el abuso del poder político o del económico.
