Cuando en el Gobierno anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez de una elección para jueces, magistrados y ministros de la Corte, su argumento central fue darle legitimidad al Poder Judicial, un sistema que ha estado atrapado por poderes fácticos y grupos políticos. Elegir a los miembros del Poder Judicial por la vía del voto directo de los ciudadanos siempre fue una mala idea, pues politiza la impartición de justicia. Una elección como la que se está perfilando no sólo tiene todos los problemas conceptuales de origen, sino que a ello hay que agregar una legislación deficiente y un muy desaseado proceso electoral.Quienes deberían darnos certeza sobre la legalidad de la elección, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se han convertido en patiños y reparadores de ilegalidades de los políticos que han tomado control del proceso. Dicho de otra manera, han hecho una elección a la medida de las necesidades de los poderosos en turno y no en defensa del derecho ciudadano.La prioridad del INE ha sido satisfacer la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de realizar una elección “austera”, que no es otra cosa que una elección en la que se antepone el presupuesto sobre el derecho de los ciudadanos a una elección en las que todos seamos iguales ante las urnas y que nuestro voto tenga el mismo valor. Cuatro decisiones de los consejeros del INE han convertido este proceso en un retroceso.Primero, reducir el número de casillas a la mitad. El lugar de 11 mil, se instalarán poco más de cinco mil. Eso significa no sólo mayores desplazamientos sino colas más largas. Vamos a suponer que su cálculo es que de todas formas votará un reducido número de personas; sin embargo, el trabajo de los consejeros es facilitar el voto ciudadano, no hacerlo más difícil.Un segundo elemento fue que por simplificar la votación decidieron que algunos jueces que tienen jurisdicción nacional serán electos sólo en algunas colonias de la Ciudad de México. Esta decisión no sólo es profundamente centralista, sino contraria a cualquier principio de representación y de igualdad en el derecho al voto.Tercero, aprobaron listas de candidatos de los diferentes poderes mal hechas y sin cumplir los requisitos legales. Con esta laxitud, que no es otra cosa que abyección al poder, ellos mismos están abaratando su trabajo, su autoridad y la legitimidad de la elección.Cuarto, y ese es quizá el punto más delicado, decidieron que los votos no los contarán ciudadanos en las urnas el mismo día de la elección, como marcan los principios de certeza y máxima publicidad, sino en los comités distritales. Por primera vez desde que se instauró el sistema democrático en nuestro país, no serán ciudadanos sino funcionarios públicos los que escrutarán los votos.Descanse en paz la legitimidad electoral.
