Prohibido prohibir, decía López Obrador cuando llegó al poder. Sin embargo, como muchos de sus lemas, se trataba sólo de un dicho. El presidente que decía haber llegado por la izquierda resultó ser profundamente conservador en temas de moral pública, particularmente en el tema del uso de drogas. Pese a que la Corte, en una sentencia propuesta por el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, le mandató legislar sobre el uso de la marihuana, nunca lo hizo. La ley que propuso el presidente y aprobaron los diputados sin cambiar ni una coma era tan retrógrada que la Corte la desechó.Ayer la izquierda mocha de Morena dio otro paso hacia el prohibicionismo. En un acto por demás absurdo modificaron la Constitución para prohibir los vapeadores al mismo nivel que el fentanilo. No soy usuario de los vapeadores y no creo que vaya a serlo jamás. Lo aclaro para que no parezca que estoy defendiendo un vicio específico sino evidenciando el absurdo que significa una prohibición constitucional de una forma específica de fumar y no de otras. No hay evidencia alguna de que los vapeadores hagan más o menos daño que el cigarro, el cual, bajo condiciones de restricción, se vende legalmente en cada esquina.La prohibición es el origen de las mafias y la violencia. Detrás de cada actividad prohibida y restricción absurda hay una visión moralista o un interés oculto. ¿Por qué la obsesión con los vapeadores y no con el cigarro? No está demasiado claro. Hay versiones que apuntan a la protección de las cigarreras y otras a una animadversión personal del expresidente a los vapeadores. En cualquier caso, es absurdo, no por estar a favor o en contra de cualquier tipo de sustancia adictiva, sino porque contradice las libertades esenciales y la tesis de máxima libertad.El afán de normar es directamente proporcional al placer de pecar. Si algo hemos de aprender de la historia del narcotráfico y las mafias es que en el origen están las prohibiciones. Es evidente que hay que evitar que cualquier sustancia adictiva llegue a niños y jóvenes y prevenir lo más posible las adicciones en adultos. Pero debe hacerse desde un enfoque de salud pública y las restricciones deben ser por la vía fiscal. El impuesto a cualquier sustancia dañina para la salud, desde refrescos hasta el alcohol, pasando por drogas y tabaco deberían tener un impuesto proporcional al riesgo que implican para la salud de las personas.Prohibirlas, por el simple afán de normar, solo garantiza la existencia de un nuevo mercado negro en el país, como si eso fuero lo que hace falta.
