En los años ochenta, la guerra civil en Guatemala provocó que miles de indígenas del Norte de ese país se refugiaran en Chiapas. Los campamentos de refugiados que huían de la violencia, con la que militares y paramilitares persiguieron a los movimientos insurgentes en el departamento del Quiché, generaron una violencia sin precedentes y una crisis humanitaria. La frontera entre México y Guatemala es particularmente porosa. Son los mismos pueblos de origen maya los que viven de uno y otro lado del Suchiate. Cuarenta años después, la violencia está de este lado de la frontera. Ahora son los mexicanos, indígenas chiapanecos, quienes huyen de la violencia de narcos y paramilitares, de una especie de guerra civil no reconocida. El Gobierno es cada día menos capaz de asegurar la paz, y familias enteras tienen que dejar su tierra y sus pertenencias para huir a otro país. El Presidente López Obrador, en su acostumbrada mezquindad, que sólo se reconoce a sí mismo como víctima, minimizó el problema y usó su acostumbrada y mala explicación de que se trata de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, como si eso lo eximiera de toda responsabilidad.La primera obligación del Estado es darnos seguridad. Cuando los ciudadanos nos sentimos inseguros por cualquier motivo, hay algo que no está funcionando. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que una parte importante de la seguridad la resolvemos cada uno en lo individual ante la incapacidad de nuestras instituciones para hacer lo que tienen que hacer.Cuando una comunidad completa se desplaza de su lugar de origen porque no está segura ni en su propia casa, la falla es del Estado. El desplazamiento forzado no es nuevo ni exclusivo de Chiapas. Lo hemos visto en Jalisco, donde pequeñas comunidades, rancherías de municipios tomados por el crimen organizado, como Encarnación de Díaz o Santa María del Oro, han tenido que abandonar su territorio. Lo hemos visto en zonas muy violentas de Guerrero o Michoacán. Lo que no habíamos visto es que, ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatales, comunidades enteras afectadas por la violencia huyeran hacia otro país.El desplazamiento forzado, una de las manifestaciones más terribles de la violencia, es un fenómeno del que no se habla en este país. No está en las estadísticas que se dan a conocer en la Mañanera ni en los informes de los gobernadores. Nadie lo contabiliza porque nadie lo denuncia y pareciera que, por lo mismo, a las autoridades tampoco les importa; es una tragedia silenciosa y silenciada. Los refugiados de Chiapas han sido noticia porque cruzaron la frontera, porque el gobierno de Guatemala alertó sobre este fenómeno de cientos de personas, familias enteras que abandonaron sus casas para ir a buscar paz a otro lugar. Sin embargo, dentro del país sucede todos los días, sin que nadie los vea ni los oiga.
