La prisión preventiva es una de las grandes aberraciones de nuestro sistema de justicia. Cuatro de cada diez presos, más de 92 mil personas en este país, están recluidas sin que se les haya demostrado que son culpables, la mayoría de ellos por delitos menores.El abuso de la prisión preventiva termina, invariablemente, convirtiéndose en un arma política. Lo vimos con Rosario Robles, que pudo perfectamente llevar su proceso en libertad, pero alguien decidió castigarla no por los delitos que presuntamente había cometido sino porque así lo quería el señor Presidente. La semana pasada, en una decisión absolutamente arbitraria, tres jóvenes, entre ellos el ex presidente de la FEU, Javier Armenta, recibieron prisión preventiva por una protesta contra la venta de un predio municipal.En la mayoría de las protestas se violan reglamentos y leyes. Desde las más simples normas de vialidad y bloqueo del libre tránsito, pasando por daño a monumentos históricos y a propiedades públicas y privadas. En el mundo ideal quisiéramos que las protestas se hicieran sin causar afectación alguna, pero eso no existe. Quienes hoy gobiernan, en el país y en el Estado, algún día fueron oposición, protestaron por alguna causa, y muy probablemente afectaron derechos y bienes públicos o privados.Como cualquier afectado, las empresas propietarias de Iconia tienen todo el derecho a demandar y, si se demuestra que sufrieron daños, exigir que les paguen por ello. Los jóvenes tienen todo el derecho a exigir que el Ayuntamiento demuestre la legalidad de los convenios y transparente absolutamente todo lo relacionado con la enajenación de un predio público. Más allá del litigio, la empresa nada gana mandando a prisión a tres jóvenes; esa es una decisión política que no tiene que ver con la administración de justicia. Es un golpe de autoridad -en realidad de autoritarismo- del gobernador Alfaro en su lucha contra el grupo político de la UdeG.Tan cierto es que el grupo de control de la Universidad instrumentalizó a los estudiantes para generar un problema al Gobierno de Alfaro invadiendo el predio de Iconia, como que el gobernador hizo lo propio con el Poder Judicial, con una gran diferencia: mientras la protesta estudiantil, por más molesta que sea, fue pacífica, dictar prisión preventiva oficiosa a los estudiantes es claramente un acto de represión y abuso de poder.Si de verdad el Gobierno del Estado no tiene nada que ver con la abusiva resolución del juez Rivera Gallegos, debería ser el principal interesado en que las aguas vuelvan al cauce y que los jóvenes sigan su proceso en libertad. Sin embargo, todo parece indicar que no es así, que el Gobierno de Alfaro, en su lucha más personal que institucional contra Raúl Padilla, está dispuesto a ir más allá. diego.petersen@informador.com.mxDiego Petersen Farah
