Una muerte lenta es lo que sufrieron siete órganos constitucionales autónomos que, por cuestiones meramente de forma, lograron sobrevivir los últimos meses, aunque sus horas estaban contadas en la Cámara de Diputados, donde el pasado miércoles 20 de noviembre, Morena y sus aliados votaron por su extinción para cumplir uno más de sus caprichos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no se termina de ir ni termina de seguir haciendo daño a nuestro país. El mandatario tabasqueño se propuso desaparecer y destruir todo aquello creado antes de su arribo a la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación, y antes de entregar la presidencia, en febrero pasado, presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas legales que contenía dicho propósito; es decir, desaparecer de un plumazo siete órganos descentralizados, que gozaban de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y que próximamente perderán ese carácter al ser incorporados en el organigrama del gobierno y quedar jerárquicamente supeditados a las dependencias a las que serán adscritos. La Cámara de Diputados realizó una sesión que se extendió dos días, en los que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hicieron valer su mayoría calificada para aprobar la reforma, sin prestar atención a las más de 300 propuestas de modificación que se presentaron. Así se concretó la eliminación de siete organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los otros organismos que desaparecen son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se debió hacer un ajuste de último momento a la iniciativa, toda vez que se propuso su desaparición, pero se corría el riesgo de atentar contra los acuerdos que contempla el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y se debió crear un organismo descentralizado en materia de libre competencia económica para cumplir con el T-MEC. Dicho cambio consiste en crear un organismo descentralizado, del cual aún se desconoce el nombre, en materia de competencia económica, tal como lo exige el T-MEC. Esta nueva institución surge para sustituir las funciones que llevaba a cabo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). A diferencia de la Cofece, el nuevo organismo descentralizado no será autónomo, sino que estará adscrito a una dependencia de gobierno, sin que hasta ahora se haya especificado cuál será. Los diputados concedieron a esta institución personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, además de establecer que habrá una separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos. En este contexto, es propicio recordar que estos organismos no surgieron por capricho o por una ocurrencia, sino que tienen origen en la necesidad de contar con instancias que no fuesen dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación. En el caso del INAI, antes IFAI, cumplía con el objetivo de velar porque existiese un adecuado acceso a la información pública, transparencia en los datos de las actividades generales y, sobre todo, las que ejercen los poderes públicos, y al mismo tiempo también la protección de datos personales que no debían ser dados a conocer. Gracias a esta figura, se pudieron conocer casos como la Casa Blanca y la Estafa Maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto; la Casa Gris del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y el desfalco en Segalmex del protegido del propio Andrés Manuel, solo por mencionar algunos de los más conocidos. Surgió, pues, este organismo por la presión social en los países desarrollados, en las economías integrantes de los 20 o 25 países más importantes del mundo, para generar condiciones de confianza y atraer inversión de personas provenientes del propio país o del extranjero, especialmente aquellas que quisieran generar, producir empleo y ampliar la planta productiva en nuestro país. La desaparición del INAI debe ser motivo de inconformidad y de reproche al gobierno de AMLO, pero también al de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no hizo nada por evitarlo y, por el contrario, alentó y se mostró satisfecha de su extinción. Estamos de nuevo en la indefensión. Si con la presencia del INAI las autoridades se pasaban por el arco de triunfo y determinaban ocultar por años la información que las comprometía o las evidenciaba en situaciones espinosas, y había que pelear y obtener, en muchas ocasiones, la información con la ayuda de procedimientos de amparo, con el juicio de garantías, ahora con el juicio de amparo vulnerado como está y sin la presencia del Instituto de Transparencia, ya no habrá cómo obtener información y datos, y entonces se estará de nuevo en la opacidad total y el gobierno podrá hacer lo que quiera. Por otro lado, ya hablaba de que se debió hacer un cambio en la iniciativa. Este consiste en crear un organismo descentralizado, del cual aún se desconoce el nombre, en materia de competencia económica, tal como lo exige el T-MEC. Esta nueva institución surge para sustituir las funciones que llevaba a cabo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). A diferencia de la Cofece, el nuevo organismo descentralizado no será autónomo, sino que estará adscrito a una dependencia de gobierno, sin que hasta ahora se haya especificado cuál será. Por otra parte, las funciones de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión que antes llevaba a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se creará en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Con estos cambios, los legisladores buscan cumplir con el capítulo 18 del T-MEC, el cual indica: “Para México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente”. El argumento del Gobierno de AMLO siempre fue que la extinción de estos organismos reduciría gastos “innecesarios”. Pero, aunque en la teoría las tareas se mantienen, puesto que se aprobó trasladar sus funciones a otras dependencias, es posible vaticinar que la autonomía administrativa no estará garantizada y las decisiones estarán sujetas a la agenda e intereses del Poder Ejecutivo. Es decir, serán juez y parte. Adiós autonomía. Adiós rendición de cuentas. Adiós democracia. opinión.salcosga@hotmail.com
