Como se recordará, el término “Culiacanazo” se acuñó luego de aquel jueves negro en la capital de Sinaloa, cuando Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, fue detenido y liberado tras un operativo fallido del Ejército mexicano el 17 de octubre del 2019, a menos de un año de que Andrés Manuel López Obrador, asumiera la Presidencia de la República. Aquella decisión le provocó un primer raspón a la popularidad del Presidente, y el inicio de la desconfianza de los Estados Unidos que ayer reveló el diario estadounidense The New York Times, al señalar que tras el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa el pasado sexenio, al que la justicia estadounidense detuvo por acusarlo de haber estado coludido con el narco y al extraditarlo a México, la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021, el Gobierno de EU inició una investigación en la que no pudo acreditar los vínculos de allegados del Presidente con grupos de la delincuencia organizada. Fue el costo que el Presidente decidió pagar por todos los errores de planeación, estrategia y ejecución castrense, que lo colocaron, según explicó el mismo, al filo de la riesgosa disyuntiva de evitar un baño de sangre en Culiacán y doblarse ante el narco, o cumplir la Ley y su deber. Fuentes policiales locales que mantienen comunicación con agencias antidrogas estadounidenses me aseguran que su lectura es que el viernes pasado en Ciudad Guzmán habría pasado algo similar a lo ocurrido en Culiacán. Aunque hasta ahora no hay una versión oficial de la Guardia Nacional, cuyos elementos enfrentaron a los civiles armados, autoridades estatales sólo señalaron que el saldo fue de una finca cateada donde encontraron armas, un presunto delincuente abatido y un elemento de la GN herido, en esa jornada violenta de hace una semana en la que hubo narcobloqueos en los tres principales ingresos a Ciudad Guzmán. Nunca se confirmó, sin embargo, lo que muchas versiones periodísticas informaron extraoficialmente en el sentido de que la violenta respuesta de esta célula del crimen organizado, que causó miedo y zozobra de nueva cuenta a la población de Ciudad de Guzmán, se debió a la presunta detención de un líder clave del Cártel Nueva Generación (CNG) que opera en esa zona.Agentes de la DEA, que trabajaron en Jalisco hasta que el Gobierno de la 4T limitó al máximo su operación en México, aseguran en privado que dicha detención existió, pero que no pudieron mantenerla, porque los elementos de la GN se vieron superados y aislados de refuerzos con los bloqueos que cometieron las milicias del narco en ese municipio de la Región Sur de Jalisco.Bien haría la autoridad municipal, estatal, y/o federal, en confirmar o desmentir esa versión.
