De nueva cuenta quedó claro que tenemos un sistema de videovigilancia que no sirve ni para ayudar a detener a los delincuentes que atacan los postes donde tienen sus propias cámaras y están los botones de pánico. Ya había pasado un par de ocasiones en agosto y octubre del 2018 en el anterior sexenio, se repitió en enero del 2021 ya en el Gobierno alfarista, cuando ocurrió el más grande ataque al también conocido como Escudo Urbano, afectando casi 40 puntos del sistema en el Área Metropolitana de Guadalajara, y el jueves pasado las células del crimen organizado lo volvieron a hacer en Chapala y en Tepatitlán, donde escalaron la agresión y la burla, al derribar 12 de las torres del C5. En Jalisco no nos ha ido nada bien con eso de la videovigilancia, que también se ha convertido en una burla de los gobiernos hacia los ciudadanos.Desde hace casi dos décadas que en el Gobierno panista de Emilio González Márquez se compró a sobre precio un sistema de videocámaras de pésima calidad, pasando por la administración anterior del finado Aristóteles Sandoval en la que se pagó 895 millones de pesos en abril de 2016 por cinco mil 500 videocámaras, tres mil sensores de sonido y botones de pánico, así como la remodelación de la Base El Palomar, que incumplieron en tiempos y acabaron de instalar hasta este sexenio, el C5 esta lejos de ser y servir como se prometió. De hecho, la Contraloría estatal hizo una auditoría al final de la anterior administración y concluyó que hubo “nula vigilancia” del Gobierno en turno para que se cumpliera el contrato, ya que no existió un plan de trabajo para dar seguimiento puntual a la instalación de este sistema. Esas millonarias inversiones del erario no han servido para que se cumpla el compromiso de que tendríamos un instrumento clave para mejorar el trabajo policial en su combate a la delincuencia que hoy les tumba las videocámaras con toda impunidad.Pero lo más preocupante es que este nuevo ataque en Chapala y Tepatitlán al C5, sin que hubiera detención alguna de los responsables, confirma la infiltración delincuencial que hay en el personal que está detrás de los monitores y que no disparó acción policial alguna cuando vandalizaban sus equipos. Como tampoco lo han hecho cuando ocurren los más grandes desafíos del hampa contra la población, y también contra las autoridades y sus corporaciones policiales, como el reciente asesinato de una alto mando de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, a plena luz del día. Lo dicho, si se quiere aprovechar de verdad la videovigilancia, por la que tanto se pagó para su adquisición y se paga por su mantenimiento, lo primero que se tiene que hacer es depurar el equipo humano que lo opera y detectar y sancionar a los infiltrados que tienen ahí las mafias.
