El martes se cumplieron nueve años de unas de las peores violaciones de derechos humanos ocurridas en el México contemporáneo. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió la trágica noche de Iguala, conocida mundialmente por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.Pero no se trató sólo de la desaparición de los 43 normalistas, en sí misma extremadamente trágica y grave, sino que se llevó a cabo un operativo represivo de gran envergadura en la que participaron no sólo células del crimen organizado, sino las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, y con pleno conocimiento tanto de autoridades políticas como militares.Desde el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en septiembre de 2015, se sabe que en la noche de Iguala ocurrió un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, 6 ejecutados, 40 heridos, 43 desparecidos y en total 700 familiares directos con impactos. El ataque no fue en un solo punto sino que abarcó al menos nueve escenarios donde fueron atacados los normalistas, durante un largo periodo de tiempo. El GIEI estimó que los ataques de hace nueve años ocurrieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas de la mañana, de los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Las agresiones duraron al menos 3 horas y 20 minutos. Y ninguna autoridad hizo nada para detenerla. Me detengo en la magnitud, masividad y temporalidad del ataque a los normalistas de Ayotzinapa y la población civil de Iguala ocurrida hace nueve años para destacar la importancia de este caso.El impacto de lo que ocurrió en Iguala hace nueve años generó tal indignación que motivó a millones de mexicanos a salir a las calles a reclamar al Gobierno verdad y justicia. Muy pronto supimos que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, desprestigiado por los casos de corrupción ocurridos en su sexenio, nunca tuvo la intención de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, y que sólo quiso “cerrarlo” y apagar sus repercusiones mediáticas. Para eso ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), al Ejército y a la Marina a construir la llamada “verdad histórica” que tenía el objetivo de quitar la responsabilidad a su Gobierno y culpar a policías municipales de detener a los normalistas y entregarlos a células del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes lo habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. Fin de la historia. Pero gracias al tesón de las madres y las movilizaciones de normalistas, estudiantes y de la sociedad solidaria, la llamada “verdad histórica” no fue reconocida y los padres y madres siguieron exigiendo justicia.En mayo de 2018, en campaña a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los padres que de ganar las elecciones, llegaría a la verdad y la justicia en este caso. López Obrador ganó la elección y al arrancar su sexenio hubo tímidos indicios de avance en el caso. Pero como he escrito en este mismo espacio varias veces, el avance se detuvo cuando el caso intentó penetrar en los cuarteles militares, para buscar documentos y buscar a culpables castrenses.El 26 de septiembre el periodista John Gibler, uno de quienes mejor conocen el caso, publicó un extenso reportaje (https://cutt.ly/Uwv9IaXg) en el que da cuenta de que el viraje en el caso Ayotzinapa ocurrió hace un año, en agosto de 2022, poco antes de que se conocieran 83 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos 20 militares. Con versiones de los involucrados, entre ellos el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, Gibler escribe que ahí se decidió cancelar la investigación independiente del caso Ayotzinapa y darle un cierre más político que jurídico, para hacer creer que el Presidente sí cumplió su palabra con los padres. En estas semanas previas al noveno aniversario, los padres y madres volvieron a creer que el Presidente cumpliría su palabra y obligaría a los militares a cumplir con la entrega de la información pendiente. Pero las esperanzas se desvanecieron la tarde del lunes pasado cuando vieron a los funcionarios del actual Gobierno contar una versión de los hechos más parecida a la de la “verdad histórica”, como declaró el abogado Vidulfo Rosales. El martes los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos volvieron a marchar para exigir justicia. Ahora creen menos en el actual Gobierno y ven que se cierne la sombra de la impunidad. Pero siguen creyendo en su fuerza y su lucha para buscar la verdad y justicia. En la Fuente de la República en la Ciudad de México, pintaron esta leyenda “+43 La lucha nos da lo que la ley nos niega”. Si la justicia no llega desde el Gobierno, con la lucha y la movilización seguirán buscando verdad y justicia.
