Como lo adelantábamos ayer, la resistencia de la clase política y gubernamental a la transparencia y su apuesta por la opacidad para mantener sus prebendas ha quedado en evidencia en el actual proceso electoral, por el incumplimiento casi generalizado de las y los candidatos de la Ley 3de3, que dicta que deben publicitar su declaración de impuestos, su declaración patrimonial y su declaración de intereses, en la que informen si participan en alguna empresa o negocio, para evitar eventuales conflictos de interés.El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que en Jalisco le dan seguimiento a esta iniciativa promovida desde hace más de una década por Transparencia Mexicana, dieron a conocer los muy pobres resultados de la llamada Iniciativa 3de3 por la integridad Jalisco.En su corte al 21 de mayo, y faltando una semana para que terminen las campañas electorales, revelaron que sólo 450 de 7 mil 160 aspirantes que compiten por un puesto de elección popular en Jalisco cumplieron con la 3de3, lo que significa apenas un 6.3 por ciento de las candidaturas (de MC-236; Futuro-137; PT-50; PRI-19; Morena-5; PAN-3 y Hagamos, PRD y Verde un vergonzoso 0).Por eso hicieron un muy atinado llamado a recordar que “los ciudadanos deben considerar que la transparencia electoral no es optativa en Jalisco y que emitir un voto por un candidato opaco es un riesgo para la comunidad a la que representan o gobiernan”.Pero no sólo eso, entre los candidatos y candidatas que disputan un puesto de elección popular en Jalisco, principalmente presidencias municipales, 30 tienen ya en su expediente al menos una sanción del Itei por no haber atendido en su momento como funcionarios públicos sus obligaciones como sujetos obligados de transparentar información de los ayuntamientos o dependencias a su cargo. Urge, pues, legislar no sólo para que quien no cumpla con la Ley 3de3 no pueda contender por un cargo de elección popular, sino sobre todo para evitar que funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia como servidores públicos y dieron un uso patrimonialista, discrecional y opaco a la información que debe ser pública, no se les permita más volver a ser candidatos.Ahora que viene la renovación de la mayoría de los Congresos locales y de la Cámara de Diputados bien valdría la pena retomar y empujar esta agenda desde Transparencia Mexicana y nuevas organizaciones sociales para volver a darle valor e incentivar la transparencia premiando a los candidatos que respondan a ello y cerrando el paso a los que buscan perpetuar la opacidad.jbarrera4r@gmail.com
