La venta ilícita de diésel, también conocida como “huachicol”, provocó que el monto que el fisco dejó de recaudar haya crecido 14% en 2023 y este año se perfile como histórico, de acuerdo con cifras de la consultora Monitor Energético.De acuerdo con los cálculos de la agencia, con base a datos oficiales de la Secretaría de Energía (Sener) y Pemex, en 2023 el monto evadido correspondió a 41 mil 563 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), superior a los 36 mil 419 millones de pesos de 2022.Además, los datos de la firma indican que de enero a abril de este 2024, se estima que el fisco dejó de percibir ingresos por unos 14 mil 311 millones de pesos. “El volumen de contrabando en el caso del diésel se estima en el sexenio, hasta abril pasado, en 39.1% en relación a las ventas de las estaciones de servicio del país, contra un promedio del 20% en el caso de las gasolinas”, detalló José Ángel Vela, director de Monitor Energético.Entre enero de 2019 y abril de este año, el costo de la evasión por la venta de diésel en el país se estima en 183 mil millones de pesos.Los datos apuntan a que en esta administración, el ilícito creció más de 10 veces si se considera que en términos nominales, en 2016 el monto que no se pagó al fisco fue de tres mil 855 millones de pesos. Ese año fue cuando comenzó el proceso de apertura del mercado gasolinero.El análisis considera a la producción de Pemex, además del nivel de inventarios de combustibles, así como las importaciones efectuadas tanto por la petrolera estatal como por parte de empresas privadas, explicó la agencia.“Se estima que el 2021 fue el año con el mayor nivel de contrabando de diésel con un promedio de 50%, lo que quiere decir que de cada dos litros que se comercializaban en el país, uno era ilegal, situación que llevó al gobierno federal a través de la Sener a restringir los permisos de importación del combustible”, apuntó Vela.Recientemente, en la Convención y Expo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), se solicitó a las autoridades trabajar para evitar la comercialización ilícita de combustibles. Esto debido a que uno de cada tres litros vendidos son ilegales, de acuerdo con las fuentes de Onexpo, por las tomas clandestinas, evasión fiscal en importaciones y la elaboración de mezclas en el país para evitar pagar al fisco. TELÓN DE FONDOEl sector gasolinero considera que el robo a los consumidores finales se incrementó en la primera mitad de 2024, de acuerdo con una encuesta de la agencia especializada Petro Intelligence, por factores como el huachicol o el combustible ilegal. En específico, el 55% de los gasolineros consultados creen que existe una mayor adulteración, contrabando fiscal y huachicol en el mercado de combustibles que hace un año, lo que afecta al consumidor final.Fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) señalaron que cerca de una tercera parte del combustible que se comercializa en el país es ilegal, lo que afecta directamente a los clientes y también a las empresas. Este porcentaje llegó a 33.3% mientras que un año atrás fue de 30%, lo que equivale a cerca de 340 mil barriles diarios de venta de combustibles ilegales, un desfalco similar a la producción futura de la refinería de Dos Bocas. Las modalidades de adulteración del mercado gasolinero se incrementaron en esta administración, de acuerdo con los trabajos observados en la Convención & Expo 2024, que organizó la misma cúpula en días pasados.Al principio, destacaba el robo de combustible de los ductos de Pemex, que se comercializaba ilegalmente hasta en algunas estaciones. La modalidad creció en 2020 al denominado huachicol fiscal, que es la importación de combustibles con otra fracción arancelaria, para evitar el pago de impuestos correspondientes.Hoy el problema ha crecido, según los gasolineros, debido a la importación de químicos e insumos para realizar mezclas y venderlas como gasolinas, lo que afecta a las empresas que llevan un proceso de importación y comercialización en el marco de la ley.Esta situación también afecta el atractivo para invertir en las estaciones de servicio, aunado a otros factores como la extorsión y la sobrerregulación. El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Walter Julián Ángel Jiménez, catalogó el cálculo de que una tercera parte de los combustibles son ilegales como “una cosa escandalosa”, pero señaló que varios de los problemas responden a la corrupción por acción y omisión.
