Se cumple un año de la extinción de LyFC

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2010).- A un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el Gobierno federal a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostiene que los resultados han sido positivos con mejoras en el suministro de energía eléctrica.

Dice que ahora los mexicanos pagan lo justo por un servicio que antes era inadecuado y que les costó en el último año de su existencia 42 mil millones de pesos en transferencias.

Lo expuesto por el secretario como logros de la extinción, es considerado falso por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien señala que los cobros por el consumo de energía son excesivos y el servicio ha empeorado.

Esparza considera que el Poder Judicial ha actuado favoreciendo al Gobierno y de manera imparcial, como se ve con las autoridades laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); sobre lo que el abogado del SME, Néstor de Buen, señala que esta instancia resuelve sus asuntos de acuerdo a lo que le ordene el secretario del Trabajo y que sus resoluciones son inconstitucionales e indebidas.

Para Lozano, una decisión que involucraba a tanta gente en la prestación de un servicio público de primera necesidad, tenía que estar estrictamente apegada a derecho y por ello fue que en el camino se fue defendiendo paso a paso en los tribunales lo que ya se había respaldado en el foro.

Se estima que para finales de octubre sean más de tres mil contratados por la CFE, en el marco de un proceso para el cual se ha tenido mucho cuidado en el que se procura preservar las necesidades reales de la paraestatal con el perfil y características de cada uno de los aspirantes, según Lozano.

Previo a la extinción de LyFC, hace un año la demanda del SME era que la Secretaría del Trabajo les entregara la toma de nota que es el aval con el que se les da representación jurídica a una dirigencia sindical y que los electricistas exigían luego de un proceso electoral impugnado por uno de los contendientes: Alejandro Muñoz. Esa demanda sigue después de un año en las principales peticiones de los smeítas.

Hay posibilidades de entregarles la toma de nota, dice Javier Lozano, pero advierte que primero tienen que ponerse de acuerdo los dos rivales: Alejandro Muñoz y Martín Esparza, para realizar un nuevo proceso electoral y reponer el del año pasado, tal y como lo ordenó la JFCA, como resultado del pleito legal.

ANÁLISIS
Artículo 16

JAVIER LOZANO

“Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél”.
Eso dispone el Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Fue precisamente con ese fundamento y por las causas ahí expuestas, que el Presidente Felipe Calderón procedió a expedir un decreto con el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC) hace, exactamente, un año.

No se requería, pues, de autorización del Congreso ni de ley que ordenase esa trascendente decisión. Era una paraestatal creada por decreto presidencial y, por decreto también, habría de extinguirse y liquidarse. Fue un acto de congruencia del Ejecutivo. No se podía pedir más sacrificios tributarios a los mexicanos al tiempo de mantener un organismo costoso e ineficiente con cargo al presupuesto federal.

Los tiempos políticos (timing le llaman) eran por demás incómodos. La peor crisis económica de que se tenga memoria, seguida de la inesperada crisis por la influenza, aderezadas ambas con la derrota del PAN en las elecciones intermedias, una lucha frontal contra la delincuencia organizada y un contexto de difícil negociación en el Congreso no conformaban el escenario ideal para una decisión largamente postergada.

Mienten, pues, quienes afirman que, detrás de la medida está la intención de privatizar la energía eléctrica.

Acabar con un organismo que requería subsidios por 42 mil millones de pesos anuales (dos veces el presupuesto anual de la UNAM); que perdía la tercera parte de la electricidad que le compraba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); con un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos; con ingresos muy inferiores a sus ventas y rezagos e ineficiencias operativas que golpeaban la competitividad del centro del país era, por lo menos, una asignatura pendiente. Vaya, la propia Auditoría Superior de la Federación, al revisar la Cuenta Pública del 2006, recomendó realizar estudios para evaluar si estábamos ya en el supuesto del Artículo 16.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lejos de acompañar la intención del Gobierno federal de elevar los niveles de productividad de la paraestatal y disminuir el pasivo laboral, recurrió, una vez más, a la vieja práctica de presionar con los propios recursos del organismo para obtener lo que no le correspondía. Habíamos caído en un círculo vicioso: más poder al SME cada año para, después, ser chantajeados y vencidos con ese creciente poder. Y así sucesivamente.

Algunos critican el operativo con el que se consumó esta valiente acción presidencial. Pero no debemos olvidar que se trataba de evitar confrontaciones y de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. El aseguramiento de bienes con el apoyo de la Policía federal, durante la madrugada del domingo 11 de octubre, cumplía con el cometido.

Los saldos: 65% de los ex trabajadores cobraron ya su liquidación con una compensación adicional que alcanzó 435 mil pesos en promedio, es decir, casi tres años de salario integrado. Todos los jubilados reciben puntualmente su pensión. Más de ocho mil personas han sido apoyadas con una beca de capacitación, mientras más de dos mil han sido contratadas por la Comisión Federal Electoral (CFE). Mil 200 ex trabajadores tienen ahora una franquicia o su propia empresa de servicios para la propia CFE. Mil 235 más han sido colocados en alguna dependencia o entidad de la administración pública federal y otros cuatro mil 751 cotizan ya en el IMSS con la ayuda del Servicio Nacional de Empleo.

Otros mil ex trabajadores del extinto organismo serán contratados en la CFE y tres mil más encontrarán en contratistas y proveedores del Gobierno federal la oportunidad de trabajar, muy próximamente, gracias a mecanismos específicos que se han acordado.

De otra parte, el proceso mismo de liquidación que ha llevado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) incluye la atención de más de 40 mil aclaraciones a ex trabajadores y jubilados con un avance de 93 por ciento.

Así pues, no hay indolencia frente a la pérdida de las fuentes de trabajo ocurrida como consecuencia, que no como objetivo, de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Se ha apoyado a los ex trabajadores y a sus familias con un año más de servicio médico en el IMSS, y con quitas a sus créditos hipotecarios de hasta 70 por ciento.

Por cuanto hace al servicio público de energía eléctrica, la CFE prácticamente ha abatido el rezago que encontró en solicitudes de conexión insatisfechas; ha atendido casi en tiempo real las solicitudes del año; ha acumulado más de medio millón de nuevos contratos o de conexiones regularizadas; ha abierto 119 centros de operación y ha disminuido el tiempo de interrupción por usuario de 67.3 minutos a 19.2.

Cierto. Como cualquier proceso de transición radical que implique un cambio profundo en el estado de cosas, hay fallas que corregir en el servicio o cobros que revisar por parte de la CFE.

Quedan pendientes dos mil 498 demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por diversos conceptos. Hay amparos en curso y quejas ante organismos internacionales. Con todo, la validez de la extinción es cosa juzgada y no habrá marcha atrás. No habrá contratación colectiva en la CFE; no habrá nueva empresa para la zona centro del país ni, tampoco, una división especial para dar cabida al SME dentro de la CFE. El Poder Judicial de la Federación y la JFCA se pronunciaron ya en contra de la pretensión de hacer de la Comisión su patrón sustituto y el SME deberá transitar por un nuevo proceso electoral, transparente y apegado a sus estatutos, para recobrar su representación legal y obtener la correspondiente “toma de nota”.

Qué duda cabe de que se han tenido que asumir una serie de consecuencias de toda índole: políticas, económicas, sociales y hasta personales. Con todo, bien valen esos costos frente al enorme beneficio que, para el consumidor y el contribuyente, representa el haber acabado con un organismo caro e ineficiente.

La lección que queda, a un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es que cuando se hacen las cosas con estrategia, oportunidad y legalidad, el resultado es positivo y apoyado por las mayorías. En suma, al darle vida al Artículo 16 hicimos valer las verdaderas razones de Estado.

Javier Lozano / secretario del Trabajo.