Defender la libertad

Los mexicanos tenemos menos libertades y la seguimos reduciendo. En los meses posteriores al ataque terrorista del 11 de septiembre  en los Estados Unidos y en Europa se crearon propuestas para aumentar la seguridad pública, en las que se otorgaban facultades excepcionales al Estado. Comenzó un debate sobre la reducción de libertades que ahora está llegando a México. Por acuerdos internacionales e impulsado por la inseguridad interna del País, se han otorgado a las autoridades facultades que ahora resultan cuestionadas, y que en pocas ocasiones nos detenemos a reflexionar. 

En materia económica prácticamente se terminó con el secreto bancario, en materia de libertad de tránsito se limitaron terriblemente las libertades estableciendo requisitos, filtros y condiciones para viajar por vía aérea y aun por tierra.  En materia de acusaciones penales se abrieron las puertas para limitar la libertad de sospechosos. En la mayor parte del mundo el Estado adquiría nuevamente facultades que en otros tiempos hubieran sido inadmisibles. En México asumimos los testigos protegidos, el arraigo como una medida provisional para permitir una privación de la libertad por plazos por encima de lo que establece la Constitución, así como la facultad de intervenir comunicaciones y otras normas similares.

Los resultados de la aplicación de estas medidas en el mundo han sido contrastantes: en algunos sitios han servido para desmantelar redes terroristas produciendo resultados visibles y en otras como en México, los resultado han sido distorsionados por la crisis de seguridad interna que vivimos. Lo que es cierto es que hoy tenemos menos libertad que la que teníamos antes del año 2002, en el mundo y en México.  La tendencia no decrece aquí sino que peligrosamente se proponen normas que disminuyen el ámbito de libertad de las personas, que en ocasiones son respaldadas atendiendo a las circunstancias, más que a lo que significan. Una muestra evidente de esto es la iniciativa para combatir el lavado de dinero enviada por el Presidente al Senado de la República. En ella se limitan las operaciones en efectivo hasta cien mil pesos, y se establece una obligación, que es inaceptable para prestadores de servicios como Notarios, corredores, contadores, arquitectos, ingenieros, financieros y otros de denunciar las operaciones que pudieran ser sospechosas de estar relacionadas con hechos delictivos.  Para cumplir con acuerdos externos con el GAFI, como se conoce al Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al terrorismo, se proponen normas contrarias a la Constitución. Pasa lo mismo que con la influenza, se propone  una sobre reacción, porque ya sabemos que los resultados de estas medidas son y serán  muy limitados, y en cambio las afectaciones a los derechos de los ciudadanos son enormes.

Si no habrá operaciones en efectivo de mas de cien mil pesos, si no tenemos a la población incorporada al sistema bancario, si la economía del país es 40% informal, y además se va obligar a profesionistas a denunciar sospechosos, lo que veremos será una norma difícilmente aplicable, con simulaciones y corrupción.

Llamemos a los legisladores para que eviten este y otros actos que limitan la libertad individual. Este si es su trabajo.