Confirman fracaso de testigos protegidos

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUL/2013).- El programa de testigos protegidos implementado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y cuya operadora fue Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), fue calificado como un “fracaso” por funcionarios actuales de esa dependencia: de las 90 personas con las que la dependencia trabajaba con esa figura, actualmente quedan 42, pues el resto “no aportó ningún dato para consolidar investigaciones o dieron información falsa”.

De acuerdo con colaboradores cercanos al procurador Jesús Murillo Karam, fue el propio titular quien ordenó que cesaran los beneficios económicos y de vivienda para los 48 testigos protegidos y sus familias. Además, a estos testigos se les pagaban las colegiaturas de los hijos y el servicio de escoltas.

Los funcionarios plantearon que incluso, en el caso de algunos testigos que fueron sacados del programa, se podrían reactivar las averiguaciones iniciadas en su contra.

Hay quienes llevaban más de nueve años cobrando sin que sus declaraciones hubieran servido para llevar a algún miembro del crimen organizado ante un juez.

En las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), se erogaron más de 178 millones de pesos para cubrir diversos gastos relacionados con 614 personas que colaboraron.

El PRI en el Senado presentará un punto de acuerdo en el que exhorta a Murillo Karam para que envíe a la Comisión Permanente el impacto de los programas de testigos protegidos.

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