Víctimas del 22 de abril exigen cumplimiento de demandas

GUADALAJARA, JALISCO (08/ABR/2014).- La asociación 22 de Abril en Guadalajara se reunirá en el transcurso de esta semana con funcionarios del Gobierno del Estado para discutir las exigencias que realizaron el año pasado para indemnizar a los afectados por las explosiones de 1992.
 
A un año de la presentación de las peticiones, Ana Lilia Ruiz Chávez, líder de la asociación, espera una respuesta favorable por parte del gobierno estatal. La dirigente de 22 de Abril en Guadalajara afirmó que, hasta ahora, las propuestas de la administración no les parecen "ni totalmente mal ni completamente bien". De acuerdo con Ruiz, la oferta de un servicio funerario completo y la entrega de un seguro de vida antes del fallecimiento son sólo algunos de los temas que se han tratado con el Licenciado Nicolás Orozco, representante del gobierno del Estado.
 
Lilia Ruiz declaró que "hay disponibilidad del gobierno del Estado". No obstante, dentro del pliego de peticiones aún falta por resolver la indemnización de diez familias de víctimas de la tragedia, quienes no han recibido los 200 mil pesos de compensación que les corresponden debido a que los miembros lesionados fallecieron después de las explosiones y no durante ellas. Igualmente, se negociará el ingreso de diez personas con lesiones físicas y psicológicas generadas por el accidente y la mejora en la calidad del servicio médico brindado a los afectados.
 
Actualmente, existen alrededor de 400 personas  dentro del servicio de atención médica brindado por la administración gubernamental. El servicio se brinda en el Hospital General de Occidente y en él se les da acceso a consultas, medicamentos y aparatos ortopédicos para las víctimas y sus familias.
 
La asociación espera recibir la resolución del gobierno a más tardar el próximo 22 de abril, día en el que también se realizará una misa conmemorativa en el templo de San Sebastián de Analco a las 10:15 de la mañana, seguido de un acto luctuoso en el cual estará presente el Gobernador del Estado.
 
EL INFORMADOR / DANIELA CASTILLO