Proponen crear delito de desaparición forzada

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2013).-  A pesar de que es un fenómeno que existe desde hace más de 40 años, es hasta ahora cuando se analiza una iniciativa para reformar el Código Penal y de Procedimientos Penales, así como la Ley de Justicia Alternativa y crear el delito de desaparición forzada de personas.
 
El diputado del PRI, Jaime Prieto Pérez, explicó que esta figura es distinta a la de secuestro y a la de privación de la libertad.
 
El legislador priista señaló que la intención es crear un registro de personas que están desaparecidas, pues estimó que los datos que ahora existen no son confiables.
 
Prieto Pérez propone que se impongan penas de entre 10 y hasta 50 años cuando existe el agravante del homicidio a funcionarios públicos que estén relacionados con desapariciones forzadas.
 
Esta iniciativa es similar a la que apenas el pasado 21 de marzo presentó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda.
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada es entendida como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la negligencia del Estado.
 
Actualmente el país cuenta con 10 entidades que en sus legislaciones locales está tipificado este delito: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí.  Desde 2001 se tipificó en el Código Penal Federal y en Chiapas y Guerrero ya cuentan con leyes específicas para el combate de este delito.
 
El diputado Clemente Castañeda argumentó que es necesario tipificarlo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha contabilizado más de 400 casos de desaparición forzada, únicamente durante el sexenio pasado.
 
Human Rights Watch, una de las organizaciones no gubernamentales líderes en el mundo dedicada a la investigación defensa y promoción de los derechos humanos, en un informe reciente, documentó 250 casos, pero señalan que no existe información fidedigna para contabilizarlos.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ