Libia, a dos años de la caída de Gadhafi

TRÍPOLI, LIBIA (10/OCT/2013).- El secuestro hoy durante varias horas del primer ministro, Ali Zidán, por miembros de un cuerpo de seguridad formado por exrebeldes, ha mostrado una vez más la incapacidad de las autoridades de asegurar la estabilidad del país, dos años después de la caída de la dictadura de Muamar Gadhafi.

Zidán fue secuestrado esta madrugada en un hotel del centro de Trípoli, donde reside, por hombres armados del cuerpo denominado "La lucha contra el crimen" -dependiente del Ministerio de Interior- y de la "Oficina de Operaciones de los Revolucionarios de Libia", -que responde a las órdenes del Ministerio de Defensa-.

Según los exmilicianos, Zidán fue "detenido" de acuerdo con el código penal por "atentar contra la entidad y la seguridad del Estado".

Tras varias horas de confusión, el Gobierno condenó lo ocurrido, y exigió su inmediata puesta en libertad, que se logró gracias a una intervención de otras fuerzas de seguridad.

Su secuestro se ha convertido en el último y quizá más grave episodio contra la seguridad registrado en el país en los últimos meses, donde una inestabilidad crónica se ha impuesto en gran parte del país.

La retención de Zidan, se ha producido, además, apenas una semana después de que Abu Anas al Libi, requerido por la justicia de EU por su supuesta implicación en la planificación de los ataques terroristas de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, fuera capturado en la capital libia.

Al Libi, considerado un importante líder Al Qaeda, fue abordado en una operación llevada a cabo por soldados de la fuerza especial Delta del Ejército estadounidense, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), sin que el Gobierno libio tuviera conocimiento, según fuentes oficiales.

Una actuación que ha dejado a las autoridades, una vez más, en entredicho ante sus conciudadanos.

El problema de la violencia afecta con especial virulencia a la ciudad oriental de Bengasi, antiguo bastión de los rebeldes y donde más de 60 personas, en su mayoría miembros de los cuerpos de seguridad, han sido asesinados a sangre fría o en atentados con bomba.

Los últimos seis asesinatos se han registrado en la primera semana de octubre.

El pasado agosto, la organización Human Rights Watch (HRW) ya advertía sobre el peligro de que esta situación continuase.

"Si el Gobierno no toma medidas urgentes para hacer realidad sus propias promesas y no convierte en una prioridad la creación de unidades de policía y de investigación criminal, existe un riesgo real de una nueva ola de violencia", dijo HRW en un comunicado.

Al deterioro de la situación en Bengasi, donde el 11 de septiembre del año pasado falleció el embajador estadounidense en Libia Chris Stevens y otros tres norteamericanos en el ataque contra el consulado de su país, se suman los ataques y los enfrentamientos tribales en distintos puntos del país.

La semana pasada, dieciséis soldados murieron en un asalto armado contra un puesto de control del Ejército entre las ciudades de Beni Walid y Tarhuna, situadas al sur de Trípoli.

Hace casi un año, en diciembre de 2012, la incapacidad de controlar las fronteras meridionales, forzaron a las autoridades a cerrar los puestos fronterizos con Níger, Sudán y Chad y a declarar todo el sur del país zona militar cerrada a los civiles.

El propio Zidán ha reconocido en más de una ocasión que la proliferación de armas y la existencia de milicias fuera de la ley son las principales causas de esta situación.

Este descontrol y la incapacidad de mantener a raya a las milicias ha provocado recientemente la paralización del sector petrolero, cuyas exportaciones suponen el 95 por ciento de los ingresos de divisas en el país.

Los cuerpos de seguridad encargados de proteger los pozos y puertos petroleros han bloqueado las instalaciones como acto de protesta para exigir mejoras económicas o reformas políticas, provocando la reducción drástica de producción de petróleo.

El pasado abril, grupos de milicianos mantuvieron asediados los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Finanzas y acosaron durante varias semanas a los diputados para forzarles a aprobar la "Ley de Aislamiento" político, aprobada el 5 de mayo, y que estipula la inhabilitación por 10 años de los antiguos responsables del régimen de Gadhafi.

Además, en los últimos meses, dos ministros de Interior han presentado su dimisión y el Congreso Nacional vive continuas disputas internas entre los distintos grupos políticos, lo que ralentiza su trabajo y, en especial, la redacción de la nueva Constitución, que deberá ser elaborada por un organismo elegido en las urnas.